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La quinta Marcha Federal Universitaria convocó a una multitud para exigirle al gobierno de Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y garantice los recursos para el funcionamiento de las casas de estudio. La movilización, de la que participó la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), también quedó atravesada por los incidentes registrados frente al Congreso. Ante los intentos del Gobierno de responsabilizar a los manifestantes por los hechos de violencia, desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) se desligaron de los episodios y sostuvieron que no fueron las comunidades universitarias las que los provocaron, sino que la enorme mayoría marchó pacíficamente para defender la educación pública.



La Universidad Nacional de La Plata tuvo una participación destacada en la jornada, con autoridades, estudiantes, docentes y trabajadores no docentes que se sumaron a la convocatoria nacional. La protesta se desarrolló en un escenario de creciente preocupación por el deterioro de los salarios, la falta de presupuesto y las dificultades que atraviesan las instituciones para sostener sus actividades académicas y científicas.

El reclamo central fue la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025 y ratificada tras el veto presidencial. La comunidad educativa exige que el Ejecutivo transfiera los fondos previstos en la normativa, actualice los salarios según lo establecido y garantice los recursos destinados a becas, investigación y funcionamiento de las universidades.

La pérdida del poder adquisitivo de los docentes también ocupó un lugar central en la protesta. Desde el sector advierten que los bajos ingresos provocan renuncias, obligan a buscar otros empleos y ponen en riesgo la continuidad de las actividades educativas.

La movilización reunió además a organizaciones gremiales, agrupaciones estudiantiles, familias y representantes de otros sectores que acompañaron sus propios reclamos, entre ellos el vinculado con la emergencia en discapacidad.

LA UBA SE DESLIGO DE LOS INCIDENTES Y APUNTÓ CONTRA MILEI

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, rechazó que los hechos de violencia registrados durante la jornada se utilicen para responsabilizar al conjunto de la comunidad universitaria.

En respuesta a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el dirigente remarcó que cientos de miles de personas se movilizaron pacíficamente en distintos puntos del país para defender la educación pública. Sostuvo que los responsables de los ataques deben ser identificados y cuestionó que los episodios protagonizados por un grupo reducido terminen opacando el reclamo general.

Yacobitti también criticó el accionar de las fuerzas de seguridad y afirmó que los gases lacrimógenos alcanzaron el sector cercano al escenario, donde se encontraban estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes.

El vicerrector pidió que se utilicen las cámaras de seguridad para identificar a quienes arrojaron piedras y reclamó que se les aplique la ley. Al mismo tiempo, cuestionó al Presidente por no cumplir con la normativa de financiamiento universitario.

Desde la UBA insistieron en que repudiar los hechos de violencia no implica aceptar que se responsabilice a todos los manifestantes por lo sucedido. Para las autoridades universitarias, el foco debe estar puesto en los responsables concretos de los incidentes y en el reclamo que llevó a una multitud a las calles.

PIEDRAS, GASES Y DETENIDOS

Los incidentes se produjeron en las inmediaciones del Congreso, cuando un grupo de manifestantes arrojó objetos y piedras contra las fuerzas de seguridad e intentó avanzar sobre el vallado que protegía el Parlamento.

La Policía respondió con gases lacrimógenos y un camión hidrante para dispersar a quienes protagonizaban los enfrentamientos. Los episodios generaron momentos de tensión y afectaron también a personas que se encontraban en las inmediaciones del acto central.

El balance inicial difundido durante la jornada indicó que hubo 31 personas detenidas y ocho efectivos heridos.

La ministra Monteoliva cuestionó los hechos de violencia y defendió la actuación de las fuerzas de seguridad. Desde el ámbito universitario, en cambio, reclamaron que se identifique a quienes participaron de los ataques y que no se generalicen las responsabilidades.

CUMPLIR LA LEY

La existencia de incidentes no impidió que continuara el reclamo por el financiamiento universitario. Los organizadores y representantes de las casas de estudio insistieron en que la movilización fue multitudinaria y que el objetivo principal fue exigir el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso.

La UNLP formó parte de esa convocatoria nacional, en la que estudiantes, docentes y trabajadores reclamaron una recomposición salarial y los fondos necesarios para sostener la educación superior pública. El conflicto con el Gobierno continúa centrado en la aplicación de la normativa y en la situación presupuestaria que atraviesan las universidades.