Los conflictos salariales volverán a afectar el dictado de clases en la provincia de Buenos Aires. Agrupaciones docentes disidentes anunciaron nuevas medidas de fuerza para este martes 20 y miércoles 21 de octubre, mientras que el jueves habrá una movilización en La Plata. Las protestas se realizarán pese al acuerdo paritario alcanzado por la mayoría de los sindicatos con el gobierno bonaerense.

La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires convocó a un paro para este martes, en rechazo a la propuesta salarial del Ejecutivo. En tanto, la lista Multicolor de SUTEBA, opositora a la conducción provincial del sindicato, anunció una huelga para el miércoles y una movilización para el jueves 22.

El alcance de la protesta dependerá del nivel de adhesión en cada establecimiento, por lo que no está confirmado que todas las instituciones permanezcan cerradaS.

UN AUMENTO QUE NO CONFORMÓ A TODOS

El gobierno bonaerense logró destrabar la negociación salarial con cuatro de los cinco sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense. SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP aceptaron una recomposición del 6% en dos tramos, correspondientes a octubre y noviembre, calculados sobre los salarios de septiembre.

Sin embargo, los sectores disidentes rechazaron el ofrecimiento por considerarlo insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo. Entre sus principales reclamos figuran una recomposición salarial mayor, la reapertura de las negociaciones paritarias y mejoras en las condiciones laborales.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), por su parte, todavía debía definir su posición ante la propuesta salarial.

NACIÓN PREPARA SANCIONES

El nuevo cronograma de protestas se conoce pocos días después del paro docente del jueves 15 de octubre, que provocó un enfrentamiento entre los sindicatos y el Gobierno nacional.

El Ministerio de Capital Humano realizó inspecciones en establecimientos educativos bonaerenses y anunció que avanzaría con procedimientos sancionatorios contra los gremios involucrados. En un primer relevamiento, la cartera informó que había detectado escuelas cerradas, un elevado ausentismo y establecimientos donde no se permitió el ingreso de los inspectores. Fundamentó su intervención en la normativa que establece una cobertura mínima del 75% del servicio educativo durante las medidas de fuerza. No obstante, las eventuales sanciones y las responsabilidades de cada organización deberán determinarse a partir de las actuaciones administrativas.