Los municipios de la provincia de Buenos Aires tendrán una nueva herramienta para enfrentar posibles inundaciones. La Legislatura bonaerense aprobó una ley que autoriza a los intendentes a utilizar durante 180 días hasta la totalidad de determinados fondos destinados al mantenimiento de los caminos rurales para realizar obras hídricas, norma que fue cuestionada por las entidades agropecuarias

En términos sencillos, ese dinero podrá utilizarse para mejorar el escurrimiento del agua, evitar que se acumule en campos y zonas pobladas y reducir los daños que pueden provocar las lluvias intensas.

La iniciativa apunta a que los gobiernos locales puedan actuar con mayor rapidez ante las necesidades de cada distrito, en un escenario de preocupación por los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño.

PARA QUÉ SE PODRÁ USAR ESA PLATA

La autorización contempla distintas tareas vinculadas con el manejo del agua. Entre ellas:


  • Limpiar y profundizar canales para facilitar la circulación del agua y evitar obstrucciones.
  • Realizar obras de desagüe pluvial para que el agua de lluvia pueda escurrir y no quede acumulada.
  • Reparar o ampliar alcantarillas, que permiten que el agua pase por debajo de caminos y otras estructuras.
  • Construir obras de defensa para reducir el riesgo de anegamientos.
  • Comprar maquinaria y equipamiento hídrico necesario para ejecutar esos trabajos.


El objetivo es intervenir antes de que el exceso de agua provoque inundaciones, dañe la producción agropecuaria o deje caminos y localidades aislados.

La explicación detrás de la medida es que, en algunos lugares, arreglar un camino de tierra no alcanza si los canales están tapados o las alcantarillas no permiten que el agua circule. Cuando eso ocurre, las lluvias pueden volver a deteriorar rápidamente los caminos que se intentaron reparar.

EL DINERO SALE DE UN IMPUESTO RURAL

Los recursos que podrán cambiar temporalmente de destino provienen de fondos vinculados con el Impuesto Inmobiliario Rural, que se distribuyen a partir de lo establecido por la Ley 13.010 y sus modificatorias.

Es importante aclarar que la norma no crea un impuesto nuevo ni representa, por sí misma, un ingreso adicional para los municipios. Lo que hace es permitir que determinados recursos que tenían como destino el mantenimiento de la red vial rural se utilicen para obras hídricas.

La autorización tendrá una duración de 180 días corridos desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial bonaerense. Además, los intendentes podrán decidir si utilizan esa posibilidad: no están obligados a destinar todos los fondos a las obras de agua. PORQUÉ EL CAMPO RECHAZA LA MEDIDA

La decisión generó cuestionamientos de entidades agropecuarias como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y la Sociedad Rural Argentina.

El principal reclamo es que los caminos rurales ya presentan problemas de mantenimiento y que quitarles recursos puede agravar la situación. Esas vías son fundamentales para sacar las cosechas, trasladar ganado y permitir que los habitantes del interior lleguen a las escuelas, los centros de salud y otros servicios.

Desde CARBAP sostuvieron que, si hacen falta más recursos para prevenir inundaciones, deberían buscarse otras fuentes de financiamiento en lugar de reducir el dinero destinado a los caminos. También cuestionaron que la iniciativa avanzara sin un debate previo en comisiones.

Otro punto de preocupación es que la ley no establece expresamente que las obras hídricas deban realizarse exclusivamente en zonas rurales, según advirtieron representantes del sector.

DOS NECESIDADES EN JUEGO

Quienes respaldaron la iniciativa sostienen que los intendentes necesitan margen de acción para resolver problemas urgentes antes de que las lluvias provoquen daños mayores. Sus críticos, en cambio, advierten que esa flexibilidad puede terminar perjudicando a una infraestructura que ya necesita inversiones.

La discusión, por lo tanto, no pasa solamente por hacer obras contra las inundaciones, sino también por determinar cómo se financiarán y qué ocurrirá con el mantenimiento de los caminos rurales mientras dure la autorización.

El plazo de 180 días y las decisiones que tome cada municipio serán determinantes para saber cuánto dinero se destinará a las obras hídricas y cuánto seguirá disponible para conservar transitables los caminos.